Portugal es sin duda alguna un líder en el uso de la tecnología, en la transparencia y en la publicidad en lo que respecta al arbitraje y, más concretamente, a los laudos arbitrales.
En efecto, la Ordenanza (Portaria) nº 165/2020 de 7 de julio de 2020, recientemente promulgada, establece que todos los laudos arbitrales relativos a controversias sobre cuestiones de derecho administrativo (administradas o no por instituciones arbitrales) o fiscal (administradas por la única institución arbitral autorizada) están ahora sujetos a un depósito de custodia y a su publicación en una plataforma web.
El depósito de custodia debe ser solicitado por el árbitro presidente o por el árbitro único (no por el presidente de la institución arbitral en cuestión), mediante un proceso en línea que implica la carga del laudo en formato de búsqueda en pdf. El solicitante debe rellenar el formulario con, entre otros, los siguientes datos:
– Nombre y dirección (y otros detalles) del solicitante;
– Fecha del laudo y fecha en que el laudo ha pasado a ser definitivo y no está sujeto a apelación (si procede);
– Resumen de la decisión (redactado a partir de cualquier detalle que pueda identificar a las partes en cuestión);
– Identidad de los miembros del tribunal;
– Identidad de las partes y detalles conexos;
– Acuerdo de arbitraje por el que la entidad pública se somete a arbitraje.
La plataforma pondrá a disposición del público esos laudos, con los siguientes detalles:- Número y fecha del depósito;
– Fecha del laudo y fecha en que se ha convertido en definitivo;
– Identidad de los miembros del tribunal;
– Resumen del fallo (redactado a partir de cualquier detalle que pueda identificar a las partes en cuestión);
– Texto completo del laudo (redactado a partir de cualquier detalle que pueda identificar a las partes en cuestión); y
– Indicación de si el arbitraje fue administrado por una institución arbitral y, en caso afirmativo, identidad de la institución arbitral.
Este paso representa ciertamente un avance hacia la transparencia en los arbitrajes en los que participan entidades públicas, haciendo que el arbitraje sea menos opaco y esté sujeto al escrutinio público, que han sido las principales críticas que se han hecho contra el uso del arbitraje por parte de esas entidades.